Acción Sindical
Recordamos que, por la previsión del calendario, Noviembre era la fecha señalada para cerrar los detalles de las reválidas de la ESO y el Bachillerato. Unas pruebas que rechazamos porque en estas edades se comprende que un solo examen no puede determinar la titulación del alumnado.
Asimismo, consideramos que no debe ser un profesorado externo al centro el encargado de dicha labor. Por otra parte, manifiestamos la inseguridad de los docentes ante unas reválidas que serán de una u otra forma en función de quién gobierne. Un panorama de difícil solución teniendo en cuenta que el país lleva casi un año de Gobierno en funciones. Por ello, entendemos coherente la postura del Ejecutivo de Canarias para limitar la prueba a los alumnos que quieran ir a la universidad.
Según las previsiones, este curso se implantan estos exámenes externos que los alumnos de 4º de la ESO (15-16 años) y de 2º de Bachillerato (17-18 años) necesitan aprobar para obtener el título y poder seguir estudiando. Teniendo en cuenta que el Gobierno de Canarias ha solicitado al Tribunal Supremo la anulación del Real Decreto que regula las condiciones de estas evaluaciones, las dudas del profesorado se multiplican.
Además, especificamos que el Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato, no resuelve todas las incógnitas para realizar dichas pruebas. Además, reprochamos que tanto este decreto como la propia LOMCE, se hayan implantado sin el consenso de los profesionales de la educación.
Para nosotros, resulta de vital importancia resolver la situación de un Gobierno en funciones que aprobó una norma sin tener un poder ejecutivo que aclare la función de la labor docente en este caso y, asimismo, esperamos que prospere el anuncio de rechazo a la reválida desde la actual Consejería de Educación al no contar con la aprobación del profesorado.
En definitiva, como ya hemos expresado en otras ocasiones, defendemos que la evaluación debe ser un instrumento para valorar el rendimiento y esto debe realizarse mediante la evalución continua. Volvemos, por tanto, a un pacto educativo común donde los criterios de racionalidad cuenten con la voz del profesorado.
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