Acción Sindical
Exigimos que los asuntos relativos a las condiciones laborales que se plantean en el borrador del Libro del Docente sean tratados en la Mesa Sectorial de Educación de la Comunidad Autónoma.
Ayer supimos que el Ministerio tiene ya en sus manos el documento realizado por el catedrático José Antonio Marina y que ahora lo distribuirá al conjunto de la comunidad educativa para que pueda conocer su contenido y realizar todas aquellas aportaciones que se consideren oportunas.
Queremos saber, en primer lugar, si el Ministerio asume las propuestas del Libro Blanco y, en caso de ser así, exigimos que dichas propuestas sean entregadas a los representantes del profesorado en el seno de la Mesa Sectorial de Educación. No vamos a participar en debates “en el aire” con la comunidad educativa ni con otro tipo de sectores cuando hay que tratar temas que afectan a la regulación de las condiciones profesionales y laborales de los docentes. Si el profesorado es clave en la Educación es necesario que se hagan propuestas serias y rigurosas en los foros y ámbitos de negociación establecidos en el marco jurídico para así poder avanzar en la elaboración de un Estatuto del Profesorado.
En ese sentido, consideramos que la Consejería de Educación debe presionar al Ministerio para que éste defina su postura en una cuestión tan relevante para el futuro del país como es la formación de los docentes y las condiciones en las que desarrollan su trabajo. Para Pedro Crespo, presidente de ANPE Canarias, el tratamiento de este borrador ha estado fuera de lugar. “Se ha usado para dividir al profesorado, dosificando la información y utilizándola como arma arrojadiza, en lugar de generar el debate que tanto necesita la profesión. Ha sido una mala estrategia, sobre todo para Canarias, donde ya estamos bastante indignados por el incumplimiento de muchos aspectos de la Ley Canaria de Educación”.
Hemos discrepado en todo momento del modo y manera en el que se ha gestado este Libro Blanco, al final de legislatura y en plena campaña electoral, con una reforma educativa muy cuestionada, sin haberse revertido totalmente los recortes que han afectado a los profesores y a la enseñanza pública y sin tiempo para acometer ningún proyecto legislativo.
Desde hace muchos años insistimos en la necesidad que tiene este país de contar con un Estatuto Docente que debe ser, por definición, una norma básica y global y ha de contener los siguientes elementos principales:
- La identidad de la profesión docente: características, código deontológico y una carta de derechos y deberes en la que deberá estar regulado tanto el derecho a la libertad de cátedra como el régimen disciplinario de los docentes de la función pública.
- La definición de un modelo de función pública docente compatible con la articulación de políticas propias de recursos humanos por las comunidades autónomas manteniendo el carácter estatal de los cuerpos docentes.
- Los requisitos básicos de la formación inicial del profesorado. La regulación básica de la formación continua y de sus efectos en el desarrollo de la carrera profesional.
- El desarrollo de un sistema de acceso a la función pública docente más eficiente, que valore los criterios de experiencia y capacitación profesional y permita que los mejores estudiantes se interesen por la docencia. Este nuevo modelo de acceso debe armonizar sus requisitos con la situación actual del profesorado interino.
- El establecimiento de una carrera profesional motivadora, que permita un sistema de promoción vertical y horizontal que incentive la implicación del profesor y sus buenas prácticas. Este modelo incluye la evaluación y acreditación del desempeño, con los requisitos objetivos que previamente se determinen y debe contener la posibilidad de jubilación voluntaria anticipada.
- Una memoria económica que asegure su implantación.
Por todo ello, reclamamos al futuro Gobierno un Pacto de Estado que blinde la Educación frente a intereses partidistas para acometer e impulsar los cambios que necesita la Educación en España, en la que debe ocupar un lugar preferente la política del profesorado.
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