2011-2012 UN CURSO CONVULSO.

El curso 2011-12 pasará a la historia educativa como el más virulento de la crisis económica y el de los recortes educativos. Se inició en septiembre con movilizaciones en algunas CCAA ante la imposición al profesorado  del aumento de su horario lectivo que supuso, entre otros efectos,  la no renovación de muchos contratos de profesores interinos.

Posteriormente,  las  elecciones generales propiciaron un  cambio de gobierno y el nombramiento de nuevo equipo Ministerial, que comenzó la legislatura con el anuncio de una necesaria reforma educativa.  Pronto las expectativas comenzaron a difuminarse  ante las primeras medidas económicas que se adoptaron con carácter de urgencia: congelación salarial para los funcionarios, aumento del IRPF, que sumadas a los recortes de los dos años anteriores, han supuesto una merma de retribuciones superior al 16% de media. A todo esto ha de añadirse la  reducción del presupuesto en educación  en un 21’2% y la práctica congelación de la oferta de empleo al establecerse  una tasa de reposición de efectivos del sólo un 10%, ignorado por muchas comunidades autónomas, que decidieron no convocar.

Estas medidas han supuesto una grave pérdida en derechos laborales y sociales para el profesorado que nos retrotrae a décadas pasadas. Han desaparecido las jubilaciones anticipadas, se ha retrasado la edad de jubilación, se han congelado las pensiones, se han suprimido derechos laborales del profesorado interino, han desaparecido las licencias y ayudas por estudio, los centros de apoyo y los programas de formación.

El reciente RD 14/2012 aprobado por el Gobierno con la pretensión de ahorrar  tres mil millones de euros supone el último eslabón en esta cadena de recortes. El decreto aumenta el horario lectivo y complementario de los docentes, aumenta las ratios sin contemplar situaciones excepcionales y va a dejar sin cubrir las bajas por enfermedad. Son ajustes que tendrán graves consecuencias en la situación del sistema educativo español y no sólo porque afecten a  las condiciones laborales del profesorado sino porque lesionan la calidad de un sistema educativo ya deteriorado.

El primer efecto de la reducción de las partidas presupuestarias afecta a la disminución de los programas de atención a los alumnos con más necesidades educativas. El incremento generalizado de las ratios tendrá un efecto devastador en la escuela rural, que verá cerradas muchas unidades, afectará también a la educación infantil, los primeros cursos de ESO, las enseñanzas de idiomas, la formación profesional. También dificultará la posibilidad de establecer desdobles, grupos de refuerzo y la propia atención a la diversidad.

Estos recortes no contribuyen a la lucha contra el elevado fracaso y abandono escolar sino que pueden agravarlo. Además,  corren el riesgo de lastrar las reformas que nuestro sistema educativo necesita y han provocado la desmoralización y el descontento generalizado del profesorado.

ANPE no rechaza estas medidas por una cuestión meramente corporativa o de defensa exclusiva del interés profesional de los docentes, sino sobre todo por el perjuicio que estos recortes van a causar en la calidad de la enseñanza pública y en los alumnos.

 

Por ello, el 22 de mayo, ANPE y el resto de los sindicatos representativos de educación a nivel de Estado convocaron al profesorado a una huelga y a movilizaciones contra los recortes educativos y en defensa de la enseñanza pública.

Al margen de la guerra de cifras sobre la participación, es indudable que el profesorado se ha movilizado masivamente en toda España. La huelga tuvo un índice de seguimiento insólito para una convocatoria realizada a final de curso, teniendo en cuenta además que, en algunas comunidades autónomas, se sumaba a otras huelgas que habían supuesto ya un duro castigo para las nóminas de los docentes. En todas las capitales de provincia, las manifestaciones y concentraciones han tenido un seguimiento multitudinario, incuestionable.

Esta respuesta unánime de los docentes españoles contra los recortes no puede ignorarse ni minimizarse. Los profesores se sienten profundamente descontentos y frustrados por la situación del sistema educativo. El Gobierno de España debe escuchar este clamor del profesorado y entender las razones del mismo, que son muy explícitas y no pueden justificarse con el tópico de la ideología política.

Al día siguiente de la huelga, ANPE se ha dirigido al Ministro de Educación para buscar soluciones a este conflicto. Exigimos a las administraciones públicas que cesen los recortes, se inicie el diálogo con los representantes del profesorado para atemperar las medidas ya publicadas y se pongan en marcha las reformas que necesita un sistema educativo sobre el que tendremos que apoyarnos para afrontar el futuro.

Para salir de la difícil situación en que nos encontramos sería importante:

Una declaración del Gobierno sobre el carácter excepcional y transitorio de estas medidas de ajuste  y un mensaje inequívoco de compromiso con la educación, de su voluntad de convertirla en política prioritaria como herramienta de futuro, y de reconocimiento a la insustituible función social que desempeña la enseñanza pública.

 

ANPE espera que esta protesta constituya  un punto de inflexión para el Gobierno, de manera que cesen definitivamente los recortes en educación y comiencen las reformas que necesita nuestro sistema educativo.

 

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