Acción Sindical
ANPE CANARIAS y las agresiones al profesorado
Nuestro sindicato, como es bien sabido, ha sido pionero en el Estado a la hora de exigir el reconocimiento de autoridad pública para los docentes en el ejercicio de su profesión, así como para prestar asesoramiento al creciente número de compañeras y compañeros agredidos, a través de nuestro servicio gratuito EL DEFENSOR DEL PROFESOR (tfno. permanente 608018008 y email Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.).
El pasado mes de octubre, la Consejería de Educación solicitó al Consejo Escolar de Canarias su informe sobre un Proyecto de Orden que establece el Protocolo de actuación en los casos de agresiones al personal docente y, lo que tenía que haber sido una buena noticia para ANPE CANARIAS, se ha convertido en un desprecio más de esta Administración que, con sus formas antidemocráticas e impositivas, ignora permanentemente a los legítimos representantes del profesorado y se niega a negociar con ellos las condiciones laborales de sus empleados públicos.
En este caso, además, con el agravante de que la Consejería conoce desde hace tiempo nuestras inquietudes en este terreno y ni siquiera se ha dignado enviarnos un primer borrador para intercambiar opiniones sobre su modelo; por otra parte, el hecho de “tramitar” la Orden exclusivamente a través del Consejo Escolar, donde no están presentes varios sindicatos, impedirá con total seguridad el enriquecimiento del texto con sus aportaciones.
No obstante, en nuestra línea de trabajar siempre en defensa del profesorado canario, acudiendo a todos los órganos donde estamos representados puntualmente y en cualquier circunstancia, les hemos enviado nuestras propuestas y sugerencias, que publicaremos en la Revista del mes de diciembre.
Queremos informarles también de una noticia que nos parece lamentable: a mediados del mes de octubre, ANPE CANARIAS presentó a la Junta de Personal Docente de Las Palmas (integrada por los sindicatos representativos de la provincia) una propuesta de Resolución para apoyar la consideración del profesorado como autoridad pública en nuestra Comunidad Autónoma y, ante nuestra sorpresa, resultó rechazada incomprensiblemente.
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