Acción Sindical
Pedimos al Gobierno de Canarias que los fondos del Impuesto General sobre el Tráfico de Empresas (IGTE) se destinen a infraestructuras educativas y a Formación Profesional, dos áreas que se ajustan a las directrices planteadas por el Ejecutivo, los empresarios y la mesa de concertación social, es decir, empleo y obra pública.
De hecho, consideramos que el Gobierno canario tiene una deuda con la educación de las Islas que no saldará con los presupuestos de 2016. Por este motivo, creemos que una forma de mostrar su compromiso con la formación de las nuevas generaciones y con la calidad de la docencia es hacer una apuesta clara en este sentido.
Cuando el presidente Fernando Clavijo anunció la condonación de esta histórica deuda insistió en que su objetivo era que estos fondos –193 millones en 2016- se destinaran a empleo e infraestructuras, con la intención de que la economía canaria se dinamizara. Sin embargo, consideramos que si la Administración busca mejorar los datos de inserción laboral y, al mismo tiempo, engrasar el engranaje económico del Archipiélago, ha de hacerlo poniendo la educación como prioridad. La mejor forma de que los titulados encuentren un trabajo es garantizando que su formación es la mejor posible. La Formación Profesional de las Islas, sin embargo, encuentra grandes dificultades presupuestarias para asegurar esta excelencia. A la sobrecarga horaria del profesorado hay que sumar las enormes carencias materiales a las que se enfrentan los docentes de muchos ciclos de FP. A ese extremo, el de no poder impartir clase con todo el material necesario, hay que añadir el estado de un importante número de centros en las Islas. “No se trata solo de la necesidad de construir centros nuevos, que en algunos municipios es una urgencia; también hay incontables centros donde hay que acometer obras de mantenimiento”, explica Pedro Crespo.
Somos conscientes de que la crisis económica ha conllevado un recorte importante en las transferencias del Estado hacia Canarias, y que ello ha derivado en una situación complicada para la enseñanza. “Los docentes han aceptado este discurso y han seguido dando todo lo mejor de sí, sin permitir que las complicaciones afectaran a su vocación. Ahora es el momento de que la Administración tenga un gesto, no solo con los profesionales, sino también con todas las familias”, señala Crespo. “El IGTE no puede ignorar las deficiencias que el sistema educativo arrastra en las Islas”, denuncia. Además de estas necesidades imperiosas, los centros canarios tienen otro problema del que, a nuestro juicio, apenas se habla. Se trata del déficit tecnológico. El antiguo proyecto Medusa permitió que las aulas canarias dieran un salto cualitativo, pero desde entonces la inversión en innovación también ha sufrido los efectos de los recortes presupuestarios. “No se trata de si hay ordenadores o no, sino de cómo están y de algo más importante: la conectividad de los centros”, puntualiza Crespo.
Hasta ahora nos hemos posicionado en el debate sobre el IGTE porque mantenía la esperanza de que la Administración tuviera en cuenta el estado de la enseñanza y el retroceso que ha experimentado en los presupuestos de los últimos años. Los que previsiblemente se aprobarán en el pleno de mañana certifican el incumplimiento de los objetivos económicos de la Ley Canaria de Educación. “En este contexto, destinar parte del IGTE al sistema educativo canario es una cuestión de justicia”.
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