Acción Sindical
El sindicato educativo con más representación en Canarias aplaude la reforma del Código Penal, que establece penas de cuatro años de privación de libertad para sus agresores
El Juzgado de lo Penal Número 1 de Las Palmas de Gran Canaria ha condenado a un año de prisión a una madre como autora de un delito de atentado a funcionario público por agredir a una profesora en el centro público de Enseñanza Infantil y Primaria del sur de Gran Canaria. La mujer recriminó a la docente que llamara la atención a su hijo por jugar con una máquina durante el tiempo que duraba la actividad extraescolar y acabó propinándole un golpe en la zona derecha de la cara que la hizo caer al suelo. El sindicato ANPE CANARIAS, que prestó asistencia a la maestra, denuncia el estado de vulnerabilidad en el que se encuentran miles de maestros y celebra la decisión del Gobierno central de incluir en la nueva reforma del Código Penal penas de cuatro años de privación de libertad por agredir a docentes y sanitarios.
En concreto, la jueza encargada del caso estimó que quedaba demostrado que la progenitora era penalmente responsable de un delito de atentado a funcionario público, sin que concurriesen circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a un año de cárcel con inhabilitación para el ejercicio del derecho al sufragio pasivo durante ese tiempo. Además, se dictó la prohibición de acercarse a la víctima a menos de 50 metros o de establecer comunicación con ella durante dos años, y el abono de una multa de 639,66 euros por los 21 días que tardó en recuperarse de las lesiones.
Pedro Crespo, presidente de ANPE CANARIAS, recuerda que su sindicato lleva años asistiendo a docentes que sufren distintas formas de violencia en sus centros. “La sentencia dictada el pasado 25 de marzo es solo una muestra más de que hay que atajar el problema en los centros, y deben ser las administraciones educativas las que lideren este asunto, poniendo al alcance del profesorado los mecanismos necesarios para garantizar su protección”.
El sindicato educativo con más representación en Canarias aplaude la nueva reforma del Código Penal, ya que responde a una reivindicación histórica de ANPE, la de reconocer la autoridad pública del docente. Esta forma legislativa no es la única manera de poner freno a esta problemática, pero para la organización sindical es un paso en la dirección correcta. Esta decisión contribuirá a mejorar el clima escolar de los centros, igual que lo han hecho otras medidas autonómicas como el Plan de Convivencia puesto en marcha por la actual Consejería de Educación.
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Secretaría de Comunicación de ANPE CANARIAS (1/04/2015)
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