Acción Sindical
Tras conocerse el anuncio del Gobierno del Estado sobre la próxima presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la Ley Canaria de Educación, ANPE lamenta de nuevo que, con este tipo de actuaciones, los partidos políticos demuestren la importancia “real” que conceden a los asuntos educativos en nuestro país.
ANPE CANARIAS siempre ha apostado por el consenso social en materia educativa, que no ha sido posible hasta la fecha por la miopía y el egoísmo de los partidos políticos que han accedido a la responsabilidad de gobernar nuestro país. Por esta razón, nuestra organización sindical siempre se ha volcado con cualquier iniciativa de las diferentes Administraciones que, al menos en grado de tentativa, pretendiese alcanzar un acuerdo más o menos amplio en materia educativa.
En este sentido, no nos hemos detenido a considerar el color político de quien nos brindaba la oportunidad de colaborar en semejante empeño: nos daba igual que el anterior Ministro Gabilondo lo intentara, que el actual Ministro Wert nos convocase para trabajar en el Estatuto del Profesorado, que nuestro Consejero pusiera sobre la mesa la conveniencia de suscribir un Pacto Social por la Educación o que la Comisión de Educación del Parlamento de Canarias nos invitara a presentar nuestras aportaciones al Proyecto de Ley Canaria de Educación.
En realidad es muy fácil comprender nuestra postura. Sólo trabajamos para alcanzar un único objetivo: lograr mejoras para el sistema educativo y para el profesorado que presta sus servicios en la enseñanza pública. Por eso llevamos sobre nuestras espaldas tantas y tan profundas frustraciones, porque todos los agentes sociales no acuden a estas convocatorias con la misma lealtad y amplitud de miras con que se presenta ANPE CANARIAS.
Algunas organizaciones se detienen a considerar si les producirá beneficios sentarse con unos o con otros, si el momento resulta conveniente para sus actuales o futuros intereses particulares o, en el colmo de los despropósitos, si, alcanzado algún acuerdo, les sale rentable o no estampar su firma en un documento consensuado entre todos.
Sin embargo, aunque con frecuencia hemos criticado estas actitudes tan cobardes, cicateras y egoístas, lo que más nos indigna son los farisaicos posicionamientos, estos cínicos y calculados “movimientos de esgrima” de nuestros gobernantes políticos (los de ahora, los de antes, los de dentro, los de fuera o los de casi siempre), como el que ahora han adoptado los Ministerios de Hacienda y Educación (los mismos que llevan años torpedeando y recortando a distancia nuestros presupuestos), anunciando un inminente recurso de inconstitucionalidad contra la recién estrenada Ley Canaria de Educación.
Nadie podrá acusarnos de haber alabado sus bondades, porque apenas encontramos en sus artículos algo más que hermosas palabras, buenas intenciones y promesas a largo plazo, además de reproducciones íntegras de textos vigentes, errores flagrantes y omisiones de bulto, impropias de su rango normativo. Como ya hemos publicado, no vemos en toda la Ley ni una sola medida concreta que le sirva al profesorado para mejorar unas condiciones laborales en permanente estado de deterioro.
Pero nuestra valoración no nos impide denunciar este vengativo recurso ante el Tribunal Constitucional, motivado por razones exclusivamente políticas, ya que, por desgracia, nuestra Ley no puede ser más inocua para el sistema educativo.
Secretaría de Comunicación de ANPE CANARIAS (01/11/2014)
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