La historia que van a leer nos la hemos inventado en su totalidad, pero no apostaríamos ni un solo céntimo a que la escena que aquí se narra no se corresponde fielmente con lo que pudo haber ocurrido hace unos meses.

La acción se desarrolla en la Sala de Juntas de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad, con presencia del Consejero, la Viceconsejera y demás altos cargos del departamento, incluidos los Directores Territoriales e Insulares y algunos técnicos en la materia.

En un clima de celebración y euforia incontenible, el Consejero toma la palabra: “¡Queridos compañeros y compañeras! Tan sólo unas breves, aunque emotivas, palabras para agradecerles de corazón el enorme trabajo desarrollado en tan corto espacio de tiempo. Quiero que sepan que me siento orgulloso de todos ustedes, porque en estos momentos estamos haciendo historia, historia educativa, historia de Canarias (y de esto sí que entiendo un poco...)”.

 

Interrumpido por los aplausos y las risas cómplices de los miembros de su equipo, el Consejero enarbola satisfecho un manojo de folios elegantemente encuadernados, similar al que todos tienen en su poder. Y continúa su discurso: “Este documento que hoy está en nuestras manos es el resultado de nuestro esfuerzo por elaborar una ley con la que han soñado varias generaciones de canarios y canarias, al que se han incorporado las enmiendas consensuadas con los grupos parlamentarios en el seno de la Comisión de Educación. Desde ayer, todos hemos podido analizar sus contenidos y esta misma tarde, cuando concluya la valoración que hagamos en esta reunión, podremos remitirla por vía de urgencia al Parlamento de Canarias, para su aprobación definitiva por el Pleno. Gracias de nuevo y ahora les invito a manifestar libremente sus opiniones”.

Tras unos instantes de indecisión, se impone el orden protocolario en las intervenciones y, de esta orgánica manera, se suceden las alabanzas ininterrumpidas de la inmensa mayoría de los dirigentes educativos, convertidos en un coro de aduladores que glosan sin descanso las palabras introductorias del Consejero, mientras éste asiente complacido desde su sillón presidencial.

Cuando los elogios y felicitaciones parecen haberse agotado, sin que nadie haya hecho la más mínima referencia al articulado de la ley, las miradas se dirigen, expectantes, hacia el área donde un pequeño y sudoroso grupo de técnicos pasan una y otra vez las páginas del documento, mientras consultan sus apresuradas anotaciones.

Después de recibir un par de sutiles codazos, para animarle, el técnico con más experiencia se arranca con una sonrisa, que no le sirve para ocultar su nerviosismo: “Con el permiso del señor Consejero, me gustaría solicitar..., en nombre de mis compañeros, un plazo razonable... para terminar de pulir el texto tras las enmiendas recibidas y... estudiar mejor su encaje en la estructura de la norma durante... unos diez días, ya que la indudable trascendencia de esta ley nos aconseja reflexionar...”.

Pero no puede terminar la frase, porque el mismísimo Consejero le interrumpe muy cortésmente: “Estoy de acuerdo con tus deseos, compañero, pero no podemos olvidar que nuestra Ley de Educación no es una norma administrativa más, sino una declaración política del Gobierno y, por consiguiente, me resulta imposible acceder a tu petición, porque en política los tiempos y los plazos son fundamentales, a veces, tan importantes como las propias actuaciones. Y a nadie se le oculta que el principal activo de esta ley es su oportunidad, el aprovechamiento de esta coyuntura, que nos permitirá frenar en Canarias los efectos dañinos de la LOMCE, si somos capaces de conseguir su aprobación antes de que concluya el actual período de sesiones. ¿Alguna otra intervención?”.

Un segundo técnico traga saliva dificultosamente y se atreve a hablar: “Con el debido respeto, quisiera someter a su consideración una circunstancia que considero relevante para que esta ley tenga la acogida social que se merece. Hace unos días tan sólo, el Consejo Escolar de Canarias aprobó por unanimidad un Pacto Social por la Educación, que deberíamos desarrollar previamente; por otra parte, después de haber reemplazado los contenidos de la Iniciativa Legislativa Popular sin el conocimiento de sus promotores y, teniendo en cuenta el previsible rechazo de la oposición...”.

De nuevo el Consejero se ve forzado a reconducir la situación, sin disimular un gesto de incomodidad: “Bueno, bueno, un poco de calma, que aquí todos estamos en el mismo barco, ¿no? Como ya he dicho antes, todas las intervenciones son bien recibidas, pero las valoraciones políticas, yo creo que mejor las dejamos para quienes asumen esas responsabilidades. Pienso que se cita profusamente a la ILP en el preámbulo, donde reside el auténtico espíritu de la ley, y nadie en su sano juicio podría dudar de que este documento es el producto del consenso alcanzado por toda la sociedad canaria. En cuanto al PP, es una lástima que se quede fuera, pero tampoco nos viene tan mal... Bien, si no hay más valoraciones, por mi parte...”

Entonces, se levanta el técnico más joven del grupo que, sabedor de que la comisión de servicios que disfruta no le será renovada para el siguiente curso, quiere dejar constancia de su opinión ante sus jefes: “Simplemente quiero destacar que apenas se habla de los docentes en el texto de la ley, aunque se nos define como su piedra angular. ¿Por qué no se hace referencia al reconocimiento del profesorado como autoridad pública? Por otra parte, no existe concreción alguna sobre mejoras laborales o retributivas...”.

El Consejero, ligeramente sofocado, intenta devolver las aguas a su cauce: “Bien, bien. Tiempo al tiempo, compañero. Evidentemente, el profesorado es el núcleo sobre el que pivota este ley, que sin duda precisará de un desarrollo normativo posterior, como bien sabes, y nuestro firme compromiso de alcanzar el 5% del PIB en unos años, nos permitirá avanzar en ese terreno. Además, ¿te parece poca mejora afirmar que la educación es un servicio público esencial? Lo de la autoridad y todo eso, que lo defienda la derecha cavernícola...”.

La Viceconsejera se inclina hacia él y le susurra al oído que, según sus noticias, ese técnico está afiliado al sindicato ANPE CANARIAS y el próximo curso tendrá que volver al aula, por razones presupuestarias. En ese momento, el Consejero cierra la reunión de forma precipitada: “Se me olvidaba subrayar que se ofrece la estabilidad para los interinos ya mayorcitos y bastante hacemos con concederles a ustedes lo del profesor emérito. ¡Buenas tardes y muchas gracias!”.

¡Y colorín, colorado, este cuento se ha acabado! (o, tal vez, comienza ahora...).

 

 

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