Acción Sindical Profesorado de Religión.
Manifestamos nuestra preocupación ante el clima de crispación innecesario que ese está creando en torno al debate de si la religión debe o no impartirse en los centros escolares.
También recordamos que la Constitución establece en su artículo 27.3 que “los poderes públicos deben garantizar el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”.
Este derecho se mantiene en todos los países europeos, donde la materia de la religión se imparte en los centros escolares, a excepción de Francia. En todo el estado, además de religión católica, también se oferta la doctrina musulmana, evangélica y judía. Esta variedad de credos demuestra que la pluralidad de pensamientos sigue presente en la escuela. Sin embargo, a pesar de las preferencias de los padres, la decisión de restricción horaria planteada por la anterior Consejería de Educación de Canarias ha provocado el recorte de la plantilla de docentes.
El anterior equipo educativo, con José Miguel Pérez al frente, decidió "anteponer la ideología a los derechos laborales" del profesorado de Religión y favorecer la "marginación" de este colectivo.
La organización recuerda que Pérez decidió dictar las instrucciones para el actual curso escolar "justo antes de irse y sin negociación previa con los sindicatos". En ese documento se estableció que correspondía a los centros educativos de Primaria decidir qué área sería objeto de profundización curricular -Ciencias de la Naturaleza, Ciencias Sociales, Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas o Religión/Valores Sociales y Cívicos-. Es decir, la decisión final se delegó así sobre los compañeros de trabajo y no recayó sobre la propia Administración, lo que, a juicio de ANPE Canarias, generó situaciones "insostenibles”.
En cuanto a Secundaria, se decidió eliminar una hora en tercero de la ESO e incorporar una alternativa en primero de Bachillerato. Esto provocó un "notable" descenso de horas de contratación del profesorado de Religión. Según los datos de la adjudicación se han perdido nueve puestos de trabajo de los 179 docentes que trabajaban hasta ahora, y casi la mitad se ha quedado con jornadas reducidas, de hasta cinco horas semanales, lo que implica cobrar un salario muy reducido.
Pedro Crespo, presidente de ANPE Canarias, insiste en que el objetivo de cualquier administración es garantizar la libertad de elección de los ciudadanos, tal y como está recogido en la Constitución Española. “Son los padres y los alumnos los que deciden qué enseñanzas cursar. Ninguna administración puede anteponer sus creencias y recortar, de paso, derechos laborales”. Por ese motivo, este sindicato solicita más comprensión por parte de la Consejería actual tanto con las familias como con los docentes afectados.
La organización tampoco puede olvidar que la lucha por los derechos de este colectivo está lejos de terminar. Administraciones sucesivas han evitado poner el empeño y la voluntad necesarios para que no haya profesores de diferente clase dentro del sistema público canario. El deber de este sindicato, como primera fuerza de la enseñanza pública, será siempre defender los derechos laborales y batallar para que ningún prejuicio ideológico suponga un menoscabo de las condiciones de trabajo. “Es una cuestión que tiene que ver con la igualdad y no únicamente con el empleo. Y creemos que el mejor lugar para enseñar que todos somos iguales es la escuela”, concluye Crespo.
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