El sindicato docente más representativo del sector no universitario, tras analizar las adjudicaciones de destinos provisionales para el curso 2012/2013 y las últimas decisiones adoptadas por la Consejería de Educación, avisa de una irremediable disminución de los niveles de calidad en la prestación del servicio público, como consecuencia directa de la tremenda reducción de puestos de trabajo aplicada en las plantillas de los centros.
Como sospechábamos desde hace tiempo, las grandilocuentes declaraciones de nuestro Consejero de Educación oponiéndose firmemente a “los recortes” impuestos por el Ministerio, amenazando con llevar a los tribunales el Real Decreto-ley y reiterando su tajante negativa a su aplicación en Canarias se han ido diluyendo con el paso del tiempo, revelándose, en definitiva, como una simple “pose” política del máximo responsable de la enseñanza pública en nuestras islas.
A pesar de los intentos del Director General de Personal por “tranquilizar” al profesorado interino, que lleva meses palpándose la ropa y poniendo velas a todos los santos conocidos para mantener, al menos, su precaria situación laboral del pasado curso, la realidad se acaba imponiendo por encima de las promesas y los buenos deseos, porque la frialdad y tozudez de los números siempre terminan revelando lo que se pretendía enmascarar: en el curso 2012/2013 las plantillas del personal docente en los centros públicos sufrirán una de las reducciones más drásticas que se recuerdan, similar en su cuantía a las aplicadas en la anterior legislatura.
Tras comparar los datos actuales en los diferentes cuerpos y especialidades de las enseñanzas no universitarias con los del curso 2011/2012, la conclusión no puede ser más lamentable y preocupante para quienes defendemos los intereses de la escuela pública: se perderán más de 800 puestos de trabajo, por la confluencia de tres factores tan determinantes como negativos para la empleabilidad del personal docente.
En primer lugar, en contra de lo sostenido por la propia Consejería, se ha incrementado el número de alumnos por grupo, especialmente en Infantil y Primaria, con una disminución total que supera los 200 grupos perdidos, limitando todavía más las escasas opciones laborales del profesorado interino perteneciente al Cuerpo de Maestros, que ya soporta cuatro cursos consecutivos de disminución de vacantes.
Además, se ha fijado el horario lectivo de todo el profesorado de Secundaria por encima del mínimo establecido en 20 horas semanales, lo que ha supuesto una excesiva sobrecarga laboral y, como ya adelantábamos desde ANPE CANARIAS, un terrible incremento (más de 600) del colectivo de funcionarios de carrera desplazados de su centro de destino por carecer de horas de clase en su especialidad, sin contar con la vergonzante generalización de la impartición de materias afines, tan perjudicial para la calidad educativa como imposible de cuantificar.
Finalmente, aprovechando las magníficas “herramientas de podar” oportunamente suministradas por el Estado, no se ha cubierto ni una sola plaza vacante por jubilación de su titular (hablamos aproximadamente de unas 700 plazas entre Primaria y Secundaria), después de haber suprimido por segundo año consecutivo la oferta pública de empleo docente, que habría servido para llevar a cabo la necesaria renovación de las plantillas.
Si a este negro panorama le añadimos el elevado porcentaje de comisiones de servicios denegadas por la Administración, aunque no suponen coste alguno para las arcas públicas, cualquiera puede comprender fácilmente el gran esfuerzo que deberá realizar el personal docente para retomar en septiembre su actividad profesional con la entrega y dedicación que siempre han definido a nuestros cada vez más agotados maestros y profesores.