PROFESIONALIDAD Y PROFESIÓN DOCENTE

LA DOCENCIA ESTÁ SUJETA A UNA CURIOSA PARADOJA: ES UNA PROFESIÓN IMPRESCINDIBLE, Y SIN EMBARGO CUESTA RECONOCER LA PROFESIONALIDAD DE QUIENES LA DESEMPEÑAN.

Nadie duda de que los profesores, en general, tenemos un papel relevante en la sociedad, pero el valor personal y público del servicio que prestamos- la educación- no disfruta de un estatus comparable al de otras profesiones de relevancia social análoga. Esta paradoja no podrá superarse sin determinar de una manera clara qué significa la profesionalidad cuando hablamos de los maestros y profesores.

La profesionalidad es el perfil de una profesión: su identidad, su autonomía y el marco normativo que regule a ambas, es decir, su estatuto.

La identidad es el núcleo de la función profesional –su esencia– y dimana del objeto al que se dirige cada profesión concreta. En nuestro caso, se trata nada menos que de la educación, una forma de poder que otorga a cada sujeto la llave del mundo exterior y la de sus propias capacidades. Este poder de la educación es una de las expresiones máximas de la comunicación humana –la relación entre un maestro y un alumno–, y a la vez un derecho fundamental de los ciudadanos. Los docentes somos profesionales del derecho a la educación y actores fundamentales de la comunicación pedagógica. Desempeñamos la profesión del saber, del saber aprender y del aprender a ser, y esta es nuestra señal identitaria.

Otro de los factores esenciales de la profesionalidad es la posibilidad de autorregulación. Se trata de la capacidad de cada profesor para decidir qué rumbo va a tomar su vida profesional según sus capacidades e intereses, y para conocer qué oportunidades va a tener, qué compensaciones si se esfuerza por innovar y mejorar. En el ámbito de cada centro educativo, se trata de la capacidad para desarrollar su autonomía organizativa y pedagógica. A nivel de colectivo, de la responsabilidad y el privilegio de que el desarrollo profesional sea gestionado por sus propios actores. Esta capacidad no se reconoce aún al colectivo docente, carente de marco normativo propio y, por tanto, de carrera profesional o de incentivos para la creatividad y la iniciativa.

La identidad y la autonomía docentes han sido hasta ahora conceptos desarrollados de una manera que podríamos llamar intuitiva, por eso ha sido siempre tan difícil para nosotros construir una consciencia de colectivo –algo que no significa corporativismo– y por eso no podemos elevar el concepto profesional del trabajo docente ante la sociedad. Por supuesto, esta carencia tiene también efectos negativos sobre la calidad global del sistema educativo, que no es una estructura sino un hábitat en el que se desenvuelven seres humanos con sus motivaciones y dificultades.

En el marco general de la función pública, los docentes constituimos un grupo con características muy determinadas que, lejos de poder diluirse en ese retrato general denominado “el funcionariado”, deben reconocerse y potenciarse. Una ley tan general como el Estatuto Básico del Empleado Público, nos queda muy lejos y nos resulta prácticamente inútil. Un Estatuto específico es el elemento imprescindible para reconocer la profesionalidad de la función docente. Los profesores de la enseñanza pública prestamos, como todos los funcionarios, un servicio que consiste en encarnar –en hacer realidad– ante los ciudadanos a un ente abstracto que se denomina Estado. Pero ese servicio que prestamos se sitúa en un ámbito especial, la escuela, en el que se juega buena parte del futuro. Necesitamos definir ante la sociedad qué es un profesor, qué hace, qué significa, quién puede serlo, qué debe saber, cómo debe comportarse, por qué es insustituible, qué formación inicial debe recibir, qué vías de promoción y desarrollo profesional puede elegir, qué consideraciones específicas se van a tener en cuenta para determinar su salario, su movilidad profesional, las condiciones de su jubilación.

El Estatuto Docente debería contener por tanto:

• El contenido identitario de la docencia: aquellos valores, saberes y cualidades que distinguen a esta profesión y a sus profesionales de cualquier otra.
• Los requisitos básicos de nuestra autonomía profesional, es decir, de la independencia individual y colectiva –y por tanto de la responsabilidad– precisas para ejercer y desarrollar esta profesión.
• El estatus social, que está en función del valor público que se otorgue a una tarea, a su identidad y a su autonomía profesional, y que debe traducirse en reconocimiento, retribución económica adecuada, capacidad de acción, influencia y prestigio. El estatus no es una aspiración vanidosa, sino un factor imprescindible para interesar por la enseñanza a quienes derivan su talento a otras profesiones mejor consideradas.
• La quintaesencia de la docencia como actividad profesional es la ejemplaridad, entendida como un concentrado personal de cualidades, valores y saberes. Evidentemente, corresponde a un proyecto ético personal, depende de cada uno, pero el reconocimiento normativo de las características concretas del colectivo docente es un requisito fundamental para desarrollar realmente esas cualidades, para tener consciencia de desempeñar una verdadera profesión, para convertirla en una creación colectiva.

ANPE lleva ya mucho tiempo trabajando por conseguir un verdadero Estatuto Docente. Nunca hemos tirado la toalla. Seguimos adelante y seguiremos. Estamos absolutamente convencidos de su importancia.


Por Carmen Guaita, vicepresidenta nacional de ANPE

Comparte este artículo.

Copyright © 2015 ANPE CANARIAS Sindicato independiente de educación.. Todos los derechos reservados.