Acción Sindical

Presentamos la memoria del servicio ‘El Defensor del Profesor 2015/2016’, de la que se extraen 138 casos de intervención de nuestro sindicato ante agresiones a docentes en Canarias, frente a los 149 del curso anterior, lo que supone un nuevo descenso desde el curso 2012/2013. Del total de casos registrados, 71 se produjeron en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y 67 en Las Palmas. Su distribución por los diferentes niveles de enseñanza arroja las siguientes cifras: 16 casos en Educación Infantil, 37 en Primaria, 68 en Secundaria, 11 en Formación Profesional y 6 en PCPI e Idiomas.

Como preocupante novedad, destacamos este año un tipo de agresiones que ya habíamos detectado entre alumnos pero ahora se ha extendido a la figura del profesor: el ciberacoso. Un 13% (18 casos) de los ataques se producen a través de la red, desautorizando por este canal la figura de la autoridad o difundiendo actuaciones perpetradas en las aulas a través de Internet.

Considerando las motivaciones de las denuncias de los docentes agredidos nos encontramos con la siguiente tipología:

• Conflictos causados, entre otros, por los padres o familiares del alumnado:
• Agresiones de padres o familiares (6%).
• Acoso de padres (11%).
• Faltas de respeto de padres (26%).
• Presiones para modificar las notas (10%).

• Cuando el responsable de la situación es, entre otros, el propio alumnado:
• Problemas para dar clase (93%).
• Conductas agresivas de alumnos hacia sus compañeros (21%).
• Faltas de respeto (49%).
• Acoso de alumnos (6%).
• Agresiones de alumnos a profesores (9%).
• Amenazas de alumnos (11%).
• Abuso de soportes informáticos (13%).
• Daños causados a propiedades o pertenencias (1%).

• Cuando forman parte, como agentes desencadenantes, el propio profesorado o la Administración Educativa:
• Problemas de índole administrativo y con cargos directivos (5%).
• Enfrentamientos entre compañeros (3%).

Uno de los factores desestabilizadores de la convivencia escolar, sin duda, son los sucesivos recortes presupuestarios, que nuestra enseñanza pública lleva soportando durante las dos últimas legislaturas, y que queda como herencia para el actual mandato, donde sí se han visto incrementadas las partidas. Abundan los escritos de AMPAS y familias denunciando la permanente disminución de la calidad educativa y las carencias a las que se enfrentan sus hijos e hijas, como resultado de la eliminación de grupos, el incremento de las ratios, la reducción de las plantillas docentes y la disminución de las medidas de atención a la diversidad. Como último dato preocupante en la enseñanza secundaria queda el aumento de la violencia de género entre adolescentes. Tampoco podemos olvidarnos del creciente número de familias desestructuradas que esta larga crisis económica y de valores está generando en la sociedad isleña, cuyas derivaciones se reflejan en las aulas con un efecto multiplicador sobre los problemas surgidos en los centros educativos, sin que la Administración haya sido capaz de solucionarlos.

En la LOMCE, esta Ley que tanto nos desagrada por la forma en que el Gobierno impuso sus criterios y por la manifiesta insuficiencia de las reformas efectuadas en nuestro sistema educativo, encontramos algo muy positivo para el profesorado que sufre agresiones en el ejercicio de sus funciones: el reconocimiento como autoridad pública. Ahora que su implantación se congela y se plantea un cambio, entendemos que éste es de los pocos aspectos que los docentes quieren preservar.

Finalmente, nuestra Ley Canaria de Educación determina que la Administración debe prestar asistencia psicológica y jurídica gratuita al profesorado por hechos derivados del ejercicio de su actividad profesional, para lo que contamos con el compromiso de la Consejería, aunque sólo son palabras y otro curso escolar más hemos llevado la defensa de nuestros compañeros en solitario. 

Desde 2008, ANPE Canarias ha apostado por este servicio abierto a todo el profesorado, de atención inmediata y carácter gratuito, puesto en marcha para prestar apoyo psicológico y jurídico al personal docente, denunciar la indefensión que se vive en las aulas y llamar la atención a la sociedad sobre los peligros derivados del abandono de la función docente.

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