Acción Sindical

Nuestra organización sindical, como no podía ser de otra manera, parte en esta cuestión de dos premisas básicas:

1) Nos oponemos radicalmente a que cualquier profesional relacionado con menores, que haya abusado de la confianza depositada por la sociedad en su persona, pueda continuar ejerciendo dicha actividad ni un solo día más.

2) Debemos observar estrictamente toda la legalidad que se encuentre en vigor, aunque consideremos que puede perjudicar nuestros intereses, como ocurre con el pago de algunos impuestos.

Sin embargo, a pesar de cuanto antecede, nos manifestamos en contra del sistema inicialmente empleado por la Consejería, que obligaba a todos los funcionarios en prácticas a solicitar masivamente un certificado de antecedentes penales, ya que, a nuestro juicio, este procedimiento podía lesionar sus derechos, al revelar innecesariamente algunos datos pertenecientes a su intimidad.

En cambio, consideramos que la posibilidad puesta en marcha actualmente, que permite al profesorado conceder su autorización a la Administración Educativa para que, en su nombre, obtenga dicha certificación de la base central de datos sobre denuncias de índole sexual, nos parece una buena solución, al menos, por el momento.

Hay que recordar que somos precisamente los docentes quienes, con mayor frecuencia, solemos detectar los indicios de malos tratos sobre nuestros alumnos y alumnas por parte de sus familiares u otros menores, para ponerlos inmediatamente en conocimiento de las instancias correspondientes.

Por esta razón, ANPE Canarias demanda de las Administraciones Públicas un mayor esfuerzo formativo del profesorado sobre este asunto, con el fin de que nos enfrentemos a esta dura situación con un mayor nivel de preparación en los centros educativos y, de esta manera, se pueda atajar cuanto antes esta vergonzosa lacra social.

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