Acción Sindical

Este curso escolar, en el que ANPE CANARIAS ha sido elegida, por el profesorado de la enseñanza pública que presta sus servicios en nuestra tierra, como la organización sindical más representativa del sector docente no universitario, se ha mostrado como un revelador ejemplo de las lamentables relaciones que la Consejería ha mantenido con las centrales sindicales durante toda la legislatura que ahora termina.

Según nuestro criterio, que nos atreveríamos a considerar compartido por todos los sindicatos, las relaciones con la Administración Educativa han sido inexistentes en muchas ocasiones o muy escasas en otras y, por supuesto, manifiestamente mejorables.

A pesar del enorme y continuado esfuerzo desarrollado por ANPE CANARIAS para propiciar el acercamiento y el diálogo con los máximos responsables de nuestra Consejería, unas veces en solitario y otras en su ejercicio de la Presidencia de la Junta de Pesonal Docente No Universitario de Santa Cruz de Tenerife, el resultado ha sido muy insatisfactorio.

Prácticamente hemos perdido la cuenta de la cantidad de solicitudes y escritos enviados a los distintos departamentos de la Administración Educativa sin que hayamos recibido por su parte ni una sola respuesta, ni un simple acuse de recibo. Además, de las múltiples peticiones de cita realizadas, apenas nos hemos podido entrevistar con estos dirigentes en un par de ocasiones.

Por consiguiente, nadie debería sorprenderse si en este documento, que pretende contener nuestra valoración del curso escolar 2014/2015, predominan, por desgracia, los aspectos negativos.

Desde el inicio de la legislatura, la Consejería ha evolucionado para peor: del talante y las palabras amables, al principio, a la permanente falta de diálogo, el atrincheramiento en sus posturas y la imposición final de sus criterios en el Boletín Oficial de Canarias.

En consecuencia, los representantes sindicales hemos asistido impotentes a la conversión de la Mesa Sectorial de Educación en un mero trámite burocrático, en un simple trámite de audiencia, donde la Consejería, después de facilitarnos la preceptiva documentación con enorme retraso y, a veces, sólo unas horas antes de comenzar la sesión, se limitaba a "informar" a los sindicatos de lo que se proponía hacer. El ejemplo más reciente de esta inadmisible forma de proceder lo tenemos en el Proyecto de Decreto para la nueva ordenación de las enseñanzas de Secundaria y Bachillerato, que ni siquiera ha pasado por la Mesa Sectorial.

Con lo relatado hasta el momento, agravado por un incumplimiento continuado de los calendarios de negociación consensuados con los sindicatos prácticamente para nada, no debe extrañar que, cuando finaliza el presente curso, los representantes del profesorado en Canarias tengamos la completa seguridad de haber sido permanentemente despreciados por la Administración Educativa.

Un caso singular de maltrato hacia el personal docente ha sido el acoso indecente que la Consejería, junto con la Delegación del Gobierno, ha practicado respecto al profesorado de Religión, con reducciones horarias en sus contratos, ocultismo en la cobertura de las plazas y dejación de responsabilidad en los claustros para asignar a esta materia una segunda sesión como profundización curricular, manifestando así un evidente desprecio a la opción constitucional libremente ejercida por las familias para la educación de sus hijos e hijas.

Más recientemente, ANPE CANARIAS ha tenido que denunciar ante la opinión pública la falta de consideración demostrada hacia los aspirantes a ingresar en el Cuerpo de Maestros, con unos excesivos e injustificables retrasos en la aprobación de la oferta de empleo público docente, la convocatoria de oposiciones y las listas de admitidos y excluidos a las pruebas selectivas, entorpeciendo gravemente sus necesidades de traslado y alojamiento en Gran Canaria y Tenerife. Tampoco los miembros de los tribunales se han librado de un trato realmente vejatorio, viéndose obligados a desempeñar sus funciones en pésimas condiciones y con una inexplicable premura para calificar a los opositores en un tiempo récord.

Si añadimos a cuanto antecede el empecinamiento de la Consejería por mantener las prórrogas obligatorias de los destinos provisionales, el incumplimiento del compromiso expreso del Director General de Personal para renegociar el sistema de constitución de las listas de empleo, la ineficacia y falta de interés por publicar la primera convocatoria del concurso autonómico de traslados en Canarias o la incomprensible ausencia de normativa específica sobre la organización y el funcionamiento de los centros de enseñanzas especiales y artísticas, se comprenderá que no estemos faltos de razones para sentirnos tremendamente decepcionados por este equipo directivo.

Eso, sí. Cuando les ha interesado políticamente aparecer en los medios como "paladines anti-LOMCE", no han escatimado esfuerzos en producir abundante "ruido mediático", a través del recurso contra la LOMCE y de grandilocuentes declaraciones, que al final se ha revelado como un torpe "postureo", cuando han terminado sometiéndose vergonzosamente a ella y desarrollándola fielmente en Canarias mediante los Decretos de Primaria, Secundaria y Bachillerato, sin importarles demasiado causar graves problemas al profesorado con la imposición "manu militari" de nuevas especialidades.

En definitiva, ANPE CANARIAS considera que quienes han integrado el equipo directivo de esta Consejería han demostrado una carencia absoluta de voluntad política para abordar una negociación sindical coherente y han dejado pasar una ocasión inmejorable para mejorar gradualmente las condiciones laborales y retributivas del profesorado de Canarias.

Aunque sea para dejar un buen "sabor de boca", no queremos concluir nuestra valoración sin destacar algunas cuestiones que, a pesar de nuestra valoración negativa con carácter general, nos han parecido positivas a lo largo de este curso escolar.

En primer lugar, nos parece de justicia agradecer públicamente el buen trabajo desempeñado por buena parte de los técnicos y funcionarios de la Consejería, especialmente quienes prestan sus servicios en la Dirección General de Personal, que nos han ayudado como nunca a resolver muchas situaciones difíciles del profesorado con su cercanía, su atención a los problemas planteados y su interés en encontrarles soluciones.

Por lo demás, parece necesario citar como un logro la publicación de la Ley Canaria de Educación, aunque sólo conozcamos sus vagas promesas y su propaganda "anti-LOMCE", ya que, a pesar de nuestra insistencia, a día de hoy ignoramos completamente tanto su calendario de aplicación como su desarrollo normativo.

Finalmente, debemos reseñar pequeños acuerdos parciales, alcanzados sobre las comisiones de servicios de acercamiento en la misma isla, el deslizamiento de algunas plazas de la oferta de empleo de este año para 2016, una insegura estabilidad para el profesorado interino mayor de 55 años y la nueva convocatoria del Plan de Mejora de los Claustros Docentes Inestables (PROMECI).

En conclusión, mientras permanecemos a la espera de la constitución del nuevo Gobierno de Canarias, lo mejor que podemos afirmar sobre los actuales altos cargos de la Administración Educativa es que, muy probablemente, ninguno de ellos repetirá mandato en la Consejería de Educación.

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