Acción Sindical
La experiencia nos ha enseñado que nuestra condición de empleados públicos en este país llamado España nos obliga a soportar estoicamente cualquier sombra de duda sobre nuestra reconocida inoperancia y la escasa rentabilidad que procuramos a nuestros empleadores, como se nos recuerda periódicamente a través de los medios de comunicación.
Por eso, debemos considerar con absoluta normalidad que nuestras generosas retribuciones continúen congeladas por quinto año consecutivo, según nos acaba de anunciar el entrañable Ministro de la Hacienda Pública. En realidad, si tenemos en cuenta la escasísima productividad que nuestra cotidiana labor reporta a una sociedad que tan confiadamente pone a sus hijos e hijas en nuestras inactivas manos, casi podríamos hablar de un “acto de justicia”.
¿Acaso no tenemos bastante con disfrutar de un puesto de trabajo seguro en los tiempos que corren? ¿Cómo podemos ser tan egoístas? ¿Es que no vemos lo que pasa a nuestro alrededor? Está claro que no tenemos conciencia, ni solución. Además, parece que a partir de ahora se podrá cubrir la mitad de las plazas de quienes se jubilen, por lo que, si nos quejamos, es de puro vicio.
Junto con nuestros “colegas” del resto del Estado, los docentes que prestamos nuestros improductivos servicios en Canarias nos disponemos a “gozar” de tan extraordinarias y benéficas circunstancias en el próximo ejercicio económico, con la enorme ventaja que supone el hecho de que en estas islas afortunadas ya disfrutamos de unas excelentes condiciones laborales y, por supuesto, salariales.
Como todo el mundo conoce, porque en su momento fuimos la envidia del profesorado nacional, la famosa “homologación retributiva” que nuestro Gobierno Autonómico tuvo a bien concedernos a principios de los años 90 del pasado siglo, nos permitió nadar en la abundancia crematística sin tener que recurrir a mezquindades tales como los complementos por formación, popularmente conocidos como “sexenios”.
Sin embargo, como suele ocurrirle a toda obra humana, el paso de los años aceleró su deterioro, se nos cayó la venda de los ojos y comprobamos con gran dolor de nuestros bolsillos, después de informes contradictorios, sentencias varias y frustrados intentos negociadores, que aquella “hazaña presupuestaria” del pasado no era lo que parecía: la máquina era magnífica, sí, pero hacía falta mucha gasolina para mantenerla en funcionamiento...
Cuando comprendimos que, a medida que acumulábamos antigüedad en nuestros cuerpos (los administrativos y los propiamente humanos), nuestro poder adquisitivo se reducía de forma acelerada si lo comparábamos con nuestros compañeros de allende los mares, ya era demasiado tarde.
Ahora somos los únicos docentes no universitarios privados del cobro de aquellos denostados “sexenios” que tan despreciables nos parecían hace veinte años. Como diría un clásico: “Sic transit gloria mundi...”.
En estos días, esperanzados ante la creciente profusión de raíces vigorosas que tan frondosa vegetación preconizan a corto plazo, hemos reivindicado a nuestras altas autoridades que cumplan el compromiso suscrito en 2010 con el Ministerio de Educación y comiencen a negociar las preceptivas modificaciones de nuestro sistema retributivo para dar cabida al mencionado complemento de formación, por el que tan ansiosamente se suspira en las salas de profesores de colegios e institutos.
Tampoco estaría nada mal que en Canarias imitáramos a las Administraciones Educativas, que han regulado convenientemente y abonan desde hace tiempo el complemento por el desempeño de tutorías, o que se compensase los gastos ocasionados por las itinerancias a los compañeros que se ven obligados a compartir centro en la misma jornada.
Y, mientras tanto, nuestra flamante Ley Canaria de Educación, que con tantos fuegos de artificio ha colocado al profesorado como “piedra angular” del sistema público educativo, no se ha acordado de incluir ni una sola medida concreta que mejore nuestras maravillosas condiciones laborales.
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