Acción Sindical
La Junta de Personal Docente de S/C de Tenerife, durante la sesión plenaria celebrada el pasado viernes, acordaron emprender acciones judiciales contra la Consejería si ésta continúa negándoles el acceso a los datos actualizados del personal docente, que ya han sido solicitados en varias ocasiones desde el año pasado. Por esta razón, se ha instado a la Administración Educativa a cumplir con lo previsto en la normativa vigente y hacer entrega de dichos datos antes de que concluya el presente mes de mayo.
Por desgracia, en nuestra historia reciente no es la primera vez que los máximos responsables de la enseñanza pública en Canarias han utilizado estas tácticas obstruccionistas para entorpecer la acción sindical y ocultar la realidad de los centros docentes, pero nunca se había llegado tan lejos.
Esta Junta de Personal considera escandaloso y lamentable que, en un estado democrático y de derecho, se tenga que conseguir en los tribunales de justicia la información oficial actualizada sobre las jubilaciones producidas en los diferentes cuerpos docentes no universitarios, la evolución de las plantillas docentes y el profesorado en situación de servicio activo durante el presente curso.
Además de esta actitud impresentable, tan poco favorecedora para lograr un clima de diálogo, alcanzar acuerdos y avanzar en la adopción de medidas de mejora para la enseñanza pública de nuestras islas, la Consejería está incumpliendo flagrantemente anteriores compromisos para la negociación de cuestiones fundamentales en la Mesa Sectorial de Educación.
Entre otros asuntos, esta Junta de Personal denuncia la continua negativa a negociar la normativa reguladora de las listas del profesorado interino, principalmente el Decreto 74/2010 y la Orden de 22 de mayo de 2011, a pesar de haber empeñado su palabra expresamente el propio Director General de Personal desde el pasado curso escolar; este asunto cada vez adquiere más importancia, ya que, con el paso de los años y las últimas convocatorias de oposiciones, las expectativas laborales de los integrantes de las listas tienden a disminuir en algunas especialidades.
También se ha incumplido, hasta la fecha, la oferta realizada el pasado curso por la Administración Educativa para elaborar de forma consensuada una normativa específica que aporte “luz y taquígrafos” a los cambios de destino, las estimación de recursos y la cobertura de vacantes que se produce siempre con posterioridad al cierre de los procedimientos de adjudicación de destinos provisionales de cada comienzo de curso.
El Pleno de la Junta de Personal exige al Gobierno de Canarias la retirada de las instrucciones con las que podría acceder a los historiales clínicos y médicos de los empleados públicos de la Comunidad Autónoma que estén en situación de baja médica. También solicita que la Mesa Sectorial de Educación está compuesta por todos los sindicatos con representación.
Otras resoluciones aprobadas versaron sobre la necesidad de contar con los representantes legales del profesorado no universitario en el Consejo Canario de Formación Profesional, máxime cuando se están implantando en nuestras islas importantes novedades, como la Formación Profesional Básica (FBA), la Formación Dual en las empresas y los nuevos Ciclos Formativos; el regreso a las 24 horas semanales de permanencia en el centro para el profesorado de Secundaria; la profundización en la vida democrática de los centros educativos y la negociación “con tiempo suficiente” de las Instrucciones de funcionamiento de los centros para el próximo curso. Por último, como ya había ocurrido con las especialidades de Música y Tecnología, se manifestó el apoyo a la especialidad de Filosofía.
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