Acción Sindical

En la Reunión bilateral celebrada esta mañana en el Ministerio de Educación entre el Ministro, el Secretario de Estado y los representantes de ANPE, Nicolás Fernández Guisado, presidente nacional de ANPE, ha abordado también los temas pendientes en lo referente al proceso de implantación de la LOMCE, entre ellos la revisión de las polémicas “reválidas” o exámenes finales a celebrar en 4º de ESO y 2º de Bachillerato, que en este curso, se deben poner en marcha. Hemos reivindicado que la prueba de 4º de ESO no tenga carácter académico y que sea una prueba de diagnóstico y un referente más a tener en cuenta por el profesorado dentro de la evaluación continua, pero en ningún caso debe suponer un obstáculo para aquellos alumnos que hayan alcanzado un rendimiento satisfactorio en el centro educativo durante la Educación Secundaria Obligatoria.

Hemos solicitado también que la evaluación final de Bachillerato se asemeje a la actual PAU en cuanto a su desarrollo y que conste de una única prueba tanto para obtener el título de Bachiller como para acceder a la Universidad de acuerdo al criterio de la Conferencia de Rectores, a pesar de que la LOMCE deja abierta la posibilidad de que las universidades hagan además sus propias pruebas de selección.

Hemos trasladado nuestra preocupación por la escasa incidencia que está teniendo la implantación de la Formación Profesional Básica y la necesidad de ofrecer una amplia y generosa oferta de ciclos formativos en la FP, así como el establecimiento de vías académicas alternativas de cara a la formación y promoción del alumnado hacia las enseñanzas profesionales o hacia a las enseñanzas académicas.

En relación al Pacto Educativo, el presidente de ANPE, tras mostrar su escepticismo ante el pacto educativo tanto por la ideologización de la educación como por la situación de inestabilidad político social, le ha pedido que, junto con los temas básicos que deben configurar el pacto sobre el modelo y estructura del sistema educativo, su financiación y la vertebración y cohesión, se aborde la situación del profesorado como pilar fundamental de dicho Pacto. En este sentido, hemos exigido una verdadera negociación encaminada a la elaboración del Estatuto Docente en el seno de la Mesa Sectorial de Educación partiendo del borrador del documento de consenso elaborado en el año 2007 con las correspondientes actualizaciones.

Además, hemos expuesto nuestra preocupación por las altas tasas de profesorado interino derivadas de la escasa oferta de empleo en los últimos años, así como la incertidumbre generada en la situación laboral de este colectivo tras la publicación de las sentencias del Tribunal de justicia de la Unión Europea relativa a la estabilidad y a la indemnización por la finalización de contrato.

En lo referente al Plan de Mejora de la Convivencia Escolar, hemos exigido al Ministro que cuente con la implicación del profesorado para su desarrollo. Dicho Plan debe incluir el desarrollo reglamentario de la ley de autoridad del profesor, un programa de prevención de acoso escolar que contemple la aceleración de los protocolos de protección a las víctimas y reactivar el Observatorio Estatal sobre la Convivencia Escolar.

Finalmente, le hemos pedido al Ministro que ejerza el liderazgo que le corresponde para impulsar, vertebrar y coordinar la Educación a través de la Mesa Sectorial y de la Conferencia Sectorial de Educación.

Deseamos que se supere cuanto antes esta situación de inestabilidad política y de crisis institucional, de manera que se pueda abordar con garantía un verdadero proceso de debate y negociación sobre las cuestiones fundamentales que afectan al sistema educativo y a la situación del profesorado. Mientras tanto, seguiremos trabajando por situar a la Educación en el centro de los intereses y prioridades sociales y para dignificar la profesión docente.

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